La creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, parte de las iniciativas de reforma presentadas por la Presidencia el 5 de febrero, ha generado incertidumbre sobre su propósito y si implicará la expropiación de recursos de ciertas afores, una especulación que la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) ya ha negado.
Al respecto, el analista Carlos Elizondo Mayer-Serra enfatiza que antes de utilizar fondos de afores inactivas, el gobierno tiene la obligación de consultar a sus beneficiarios.
Sugiere que, en lugar de especular, el gobierno debería cruzar la base de datos de las personas inscritas en el programa de pensión universal para adultos mayores con las afores inactivas y notificar a aquellos cuyos recursos estén sin utilizar.
El analista sugiere que los recursos pueden permanecer inactivos porque los beneficiarios están esperando utilizarlos en el futuro. Destaca que el problema de fondo es que se ha diseñado una política sin un plan de financiamiento claro.
En cuanto a la financiación del fondo, Elizondo Mayer-Serra señala que el presidente ha mencionado diversas fuentes, como las utilidades del Tren Maya y Mexicana de Aviación, así como recursos del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, aunque cuestiona la viabilidad de estas fuentes.
El experto advierte sobre el peligro de etiquetar ingresos para gastos específicos, lo que limita la flexibilidad presupuestaria del gobierno. Plantea la pregunta sobre qué es más prioritario: financiar la iniciativa del presidente o fortalecer el sistema de seguridad, y aboga por la transparencia en la asignación de recursos.
Respecto a la posible expropiación de recursos, Elizondo Mayer-Serra considera que más bien es una cuestión de consulta y optimización de recursos. Argumenta que el gobierno debe buscar a los beneficiarios de las afores inactivas antes de decidir el destino de esos recursos.
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En conclusión, el analista subraya la importancia de ser transparentes en la financiación de esta iniciativa y asegurarse de que se asignen los recursos de manera óptima, sin comprometer la flexibilidad presupuestaria futura del gobierno.
