Emprendedores que buscan formalizar su estatus ante autoridades, como la Panadería Chiapas que recientemente se viralizó por una denuncia pública por extorsión virtual, avalan la propuesta.
Se estima que en Cancún al menos 15 por ciento de los negocios no cuentan con sistema de videovigilancia, es decir de cada 10 uno o 2 no han invertido en dicho rubro de seguridad.
En este caso, la familia propietaria del negocio enfatizó que la denuncia es fundamental para poder combatir este tipo de delitos.
Se destacó que tras el apoyo recibido por las autoridades, se instalarán en su establecimiento dos cámaras de vigilancia para mayor seguridad.
La Fiscalía de Quintana Roo informó que tomó medidas inmediatas después de conocer, a través de redes sociales, el caso de presunta extorsión denunciado por la propietaria de la Panadería Chiapas en Benito Juárez.
Se comprobó que se trató de una llamada de extorsión virtual desde un penal de la Ciudad de México.
Elementos de la Policía de Investigación y del Grupo Centurión acudieron al establecimiento para brindar apoyo y exhortar a las víctimas a presentar su denuncia.
Se inició una carpeta de investigación que permitió detectar que las llamadas de intimidación provenían del Reclusorio Preventivo Varonil Norte en la Ciudad de México.
Estas llamadas se hacen aleatoriamente para que las víctimas caigan en el engaño y realicen depósitos.
La propuesta
La propuesta del Gobierno de Benito Juárez de requerir a los 19 mil negocios en la ciudad a instalar cámaras de seguridad y conectarse a las autoridades policiales ha sido bien recibida por la iniciativa privada en Cancún.
Sin embargo, los dueños de pequeños establecimientos como tiendas de abarrotes, ferreterías, mercerías y estéticas han señalado que la implementación de esta medida les representará un costo adicional de al menos dos mil pesos por un equipo básico de cámaras.
Aunque la medida es considerada positiva para inhibir delitos como la extorsión, los empresarios ven con buenos ojos que se implemente en 2026 cuando se tenga la renovación de la licencia de funcionamiento.
Asimismo, comentó que estas cámaras estarán conectadas al C2, el centro de control y vigilancia municipal, permitiendo una respuesta más rápida ante cualquier incidente.
El cuerpo colegiado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Hacienda local para que se establezca como requisito para la obtención de la licencia de funcionamiento, el que los negocios cuenten con cámaras de vigilancia, como un acto de corresponsabilidad entre la ciudadanía y el gobierno municipal, en cuanto a la seguridad.
