El titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), Armando Lara De Nigris, anticipó la creación de una entidad que prevenga el surgimiento de nuevos asentamientos irregulares en Quintana Roo.
La intención es frenar a falsos desarrolladores inmobiliarios que engañan a la sociedad con la promesa de brindar servicios y certeza jurídica de los predios que pertenecen a otros particulares o al Estado.
Enfatizó que la intención es contar una especie de Fiscalía Urbana, a través de la cual se pueda frenar la venta ilegal de tierras, detectabndo a falsos promotores inmobiliarios que engañan a las personas con la promesa de venderles terrenos con servicios y certeza jurídica.
Hay que destacar que, según cifras de la SEDETUS, hasta enero pasado se habían identificado 389 colonias irregulares en Quintana Roo, en la mayoría de las cuales sus habitantes han manifestado interés de iniciar con el proceso de regularización.
Benito Juárez es el municipio con mayor número de colonias irregulares en el Estado con 213, seguido de Isla Mujeres con 85 y de Othón P. Blanco con 40. En Solidaridad existen 29, mientras que en Puerto Morelos son siete.
Seguidamente aparecen los municipios Bacalar (4), Felipe Carrillo Puerto (3), mentras que José María Morelos y Cozumel, cuentan con uno, respectivamente. Lázaro Cárdenas es el único municipio donde se se han reportado asentamientos irregulares hasta el momento.
La idea de contar con una entidad que evite los asentamientos irregulares obedece a que destinos como Bascalar y Mahahual, han experimentado en el último año un aumento sin precedentes en el surgimiento de asentamientos irregulares.
De acuerdo con datos de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPROO), en 2023 ocurrieron siete nuevas invasiones de terrenos, superando el promedio de tres colonias nuevas por año.
Apenas en mayo pasado, el titular de la AGEPROO, Alberto Alonso Ovando, reconoció la dificultad de las autoridades para detener la ocupación ilegal de terrenos, tanto propiedad de particulares como del Gobierno del Estado.
En su momento explicó que las invasiones son promovidas a través de redes sociales, ofreciendo terrenos, en el caso de Mahahual y Bacalar, con la promesa de aumentar su valor gracias al Tren Maya y por ubicarse en zonas costeras.
Lamentó que se alienten invasiones aprovechándose de la genuina necesidad de vivienda de las personas.
Armando Lara resaltó que, precisamente la intención de la “Fiscalía Urbana es frenar a falsos desarrolladores inmobiliarios que engañan a la sociedad con la promesa de brindarles servicios y certeza jurídica de los terrenos.
Dejó en claro que aún se encuentran en el proceso de análisis y articulando el proyecto, el cual requeriría el aval del Congreso del Estado, ya que se necesitaría reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, confió en que esta nueva figura podría entrar en operaciones antes de concluir el presente año.
Por Efrén Martín
