Laura Fernández inhabilitada por 20 años para ejercer cargo público y emplazada a pagar 78.9 mdp

El Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo inhabilitó por 20 años a Laura Fernández Piña, ex presidenta municipal de Puerto Morelos, por abuso de sus funciones públicas, en tanto Fernández Piña niega los hechos.
De acuerdo con datos oficiales, esta sanción implica que no podrá desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y la resolución se emitió luego de que los integrantes del tribunal consideraran que se comprobó su responsabilidad en una falta administrativa grave de abuso de funciones durante su gestión como presidenta municipal de Puerto Morelos, en el periodo de 2016 a 2021.
Por dicha sanción, Fernández Piña deberá pagar 78.9 millones de pesos por daño patrimonial a la hacienda municipal. La sanción deriva de la adjudicación de contratos a empresas vinculadas a ella y su esposo, Carlos Alberto Moyano Menchaca, con presuntos incrementos millonarios en los costos.
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Entre los contratos analizados se encuentran el de alumbrado público, que presuntamente aumentó de 42.9 millones a 381.6 millones de pesos.
Además, se destaca el contrato de construcción de unidad administrativa, el cual pasó de 57.9 millones a 336 millones de pesos.
Cabe mencionar que previo a este proceso, la actual alcaldesa, Blanca Merari Tziu Muñoz, denunció que la gestión de Fernández Piña presuntamente había dejado a Puerto Morelos en “quiebra técnica”, con una deuda superior a 830 millones de pesos.
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Postura de Laura Fernández
La exalcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña fijó su postura, luego de que se dio a conocer su inhabilitación para ser servidora durante 20 años, situación que negó, al decir que es falsa.
A través de redes sociales, la exdiputada federal afirmó que esta información que se ha propagado es falsa y malintencionada.
“Sí, en mayo pasado descubrí que existía un proceso administrativo relacionado con un pasivo del Ayuntamiento de Puerto Morelos con el IMSS durante la pandemia. Ese pasivo surgió porque, ante la crisis económica provocada por la pandemia, mi administración priorizó pagar las nóminas de nuestros trabajadores para que nadie se quedara sin sustento”, explicó.