Senado mexicano exige sanción contra funcionario de la ONU en medio de crisis por desapariciones forzadas
Organismos de derechos humanos y expertos califican como inédito y preocupante que se intente sancionar a un integrante del Comité contra la Desaparición Forzada; la ONU activa un proceso histórico por el contexto de desapariciones en México.
Una reacción sin precedentes: Senado mexicano contra funcionario de la ONU
Con 71 votos a favor de Morena, PT y PVEM, el Senado de la República aprobó un pronunciamiento inédito en el que exige sanciones contra Olivier de Frouville, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), luego de que este órgano internacional activara medidas cautelares contra México y alertara sobre la existencia de desapariciones forzadas “sistemáticas o generalizadas”.
Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, calificó como “inaceptable” el pronunciamiento del Comité, asegurando que no existían pruebas ni denuncias sustentadas para sostener tal diagnóstico. Sin embargo, la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos consideran que el informe del CED es resultado de años de investigación y advertencias previas.
El Comité activa por primera vez el artículo 34 en México
El Comité de la ONU anunció el viernes pasado la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un procedimiento reservado para casos graves, al considerar que las desapariciones forzadas en México se practican de forma sistemática y generalizada.
Esto significa que el caso mexicano podría llegar a la Asamblea General de la ONU para una revisión formal, algo sin precedentes en la historia del país. El presidente del Comité, Olivier de Frouville, explicó que esta decisión fue tomada ante la falta de avances y colaboración efectiva por parte del gobierno mexicano, a pesar de múltiples advertencias desde 2015.
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Reacciones: entre negación estatal y preocupación internacional
El Centro Prodh calificó como un “grave precedente” el pronunciamiento del Senado, destacando que nunca antes el Congreso mexicano había solicitado sanciones contra un funcionario de un organismo de derechos humanos.
Expertos como Santiago Corcuera (expresidente del CED) y Jacobo Dayán (UNAM) coincidieron en que la reacción del Estado mexicano responde a una postura negacionista ante una crisis profunda de desapariciones. Ambos recordaron que desde 2015, el Comité ha emitido múltiples recomendaciones que no han sido atendidas.
“El problema no es el Comité, sino la ausencia de políticas públicas efectivas para atender las desapariciones forzadas”, señaló Dayán, quien también alertó sobre registros incompletos, impunidad y complicidad entre autoridades y crimen organizado.
México ante el escrutinio internacional
Con más de 112 mil personas desaparecidas, México se enfrenta ahora no solo a una crisis humanitaria, sino a un escenario de tensión diplomática sin precedentes. La activación del artículo 34 por parte de la ONU representa un punto de quiebre en la relación entre el gobierno federal y el sistema internacional de derechos humanos.
Aunque el pronunciamiento del Senado insiste en que el Estado mexicano seguirá colaborando con la ONU, la solicitud de sanción contra un funcionario abre un debate sobre el compromiso real con la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos.
