Actualización de la UMA en 2026, impactará en multas y tramites en Quintana Roo a partir de febrero con 3.69% de aumento
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) anunció que para este 2026, la Unidad de Medida y Actualización (UMA) registrará un incremento del 3.69 por ciento respecto al año anterior.
Aunque se trata de un indicador federal, su actualización tiene un impacto directo en la economía local de Quintana Roo, ya que sirve como base para calcular el costo de multas de tránsito, trámites gubernamentales y diversas obligaciones fiscales en el estado.
A partir del 1 de febrero de 2026, los contribuyentes y ciudadanos en la entidad deberán ajustar sus cálculos conforme a los siguientes montos oficiales que se dieron a conocer este jueves 8 de enero.
Diario: 117.31 pesos mexicanos.
Mensual: 3,566.22 pesos mexicanos.
Anual: 42,794.64 pesos mexicanos.
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En Quintana Roo, la UMA es la referencia utilizada por las administraciones municipales y el gobierno estatal para determinar el costo de derechos y sanciones. Con este ajuste, trámites como la expedición de licencias de conducir, actas del Registro Civil y el pago de impuestos estatales verán una actualización en sus techos y montos de referencia.
Asimismo, las multas de tránsito en municipios con alta actividad vehicular como Benito Juárez, Playa Del Carmen y Othón P. Blanco se verán incrementadas proporcionalmente.
Por ejemplo, infracciones que se calculan en un número determinado de UMAs (como el exceso de velocidad o la falta de seguro) tendrán un costo real en pesos más elevado a partir de la entrada en vigor de la medida.
Esta actualización anual se fundamenta en la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. El objetivo es que los incrementos al salario de los trabajadores no disparen automáticamente el costo de las obligaciones legales y multas, manteniendo estas últimas ligadas a la inflación (que en diciembre de 2025 cerró en 3.69%).
El cálculo realizado por el INEGI asegura que las leyes estatales de Quintana Roo mantengan un valor real constante, evitando que el costo de la legalidad y los servicios públicos se rezaguen frente al incremento de los precios al consumidor.
