Supervisión en Quintana Roo por entrada en vigor de la Ley Silla el 01 de enero del 2026

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social en Quintana Roo intensificó su labor de inspección rumbo a la entrada en vigor de la denominada Ley Silla, modificación aprobada el pasado 15 de junio y que comenzará a aplicarse de manera obligatoria a partir del 1 de enero de 2026.
La titular de la dependencia, Verónica Salinas Mozo, confirmó que desde hace meses se realiza una amplia revisión en distintos centros laborales para garantizar que el nuevo marco normativo se cumpla sin contratiempos.
La funcionaria explicó que personal operativo se encuentra visitando negocios de diferentes giros con el objetivo de promover y difundir la disposición, además de recomendar que las adecuaciones se integren dentro de las condiciones generales de trabajo.
Recordó que se otorgó un periodo de 180 días para que los empleadores incorporaran asientos en las áreas donde el personal permanece largos periodos, plazo que concluye el próximo 30 de diciembre.

Salinas Mozo subrayó que, pese a que las empresas tuvieron un lapso amplio para implementar los ajustes, aún existen establecimientos que no han colocado sillas en los espacios asignados.
En esos casos, advirtió, se iniciarán procedimientos por omisión al cumplimiento de la normatividad. Las sanciones van desde 50 hasta 50 mil UMAS, por lo que invitó a los patrones a evitar multas acercándose cuanto antes a la dependencia para aclarar dudas y completar la implementación.
Asimismo, anunció que a partir del 15 de enero arrancarán operativos formales para verificar que cada lugar de trabajo haya acatado la nueva obligación.
Estos recorridos abarcarán a las más de 522 mil empresas registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en la entidad, un universo amplio que requerirá una estrategia de supervisión escalonada.
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La Secretaría ha identificado sectores con mayor incidencia, entre ellos farmacias, estaciones de servicio y otros negocios donde se detectó que el personal permanece de pie durante jornadas prolongadas.
De acuerdo con una encuesta realizada por la dependencia, esta condición afecta significativamente la salud de los trabajadores, situación que motivó el fortalecimiento de la regulación.
Salinas Mozo reiteró que la finalidad de la Ley Silla es garantizar un entorno laboral más digno, reducir riesgos, prevenir enfermedades relacionadas con posturas forzadas y promover una cultura de respeto a los derechos de quienes brindan atención directa al público.
Añadió que la autoridad continuará con acciones informativas para que ningún empleador alegue desconocimiento una vez que entren en vigor las medidas obligatorias.







