Gobierno vigilará empresas que ofrezcan servicios de cremación para mascotas ante caso Xibalbá
Tras las recientes denuncias del caso Xibalbá, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, aseguró que se implementará una supervisión más estricta para evitar que empresas con ese giro operen sin permisos ni autorizaciones en Quintana Roo. Señaló que se actuará conforme a la ley para garantizar que ningún proyecto actúe fuera del marco legal en materia ambiental y administrativa.
Expuso que se intensificarán las verificaciones en torno a las licencias, permisos y actividades de quienes ofrecen servicios funerarios o de cremación para mascotas, luego de que se destapara el caso de la llamada Casa Xibalbá, en donde se descubrieron prácticas irregulares y presuntos fraudes cometidos contra decenas de familias.
Torres Gómez explicó que se revisarán los establecimientos que operan en este rubro, así como aquellos que promocionan sus servicios en redes sociales sin contar con los permisos necesarios.
El objetivo, precisó, es prevenir que continúe este tipo de engaños que afectan tanto a los dueños como a los animales. “Se observarán con detalle las licencias y las condiciones en las que trabajan estos lugares. No se permitirá que sigan funcionando sitios que operan fuera de la ley”, advirtió.
De acuerdo con información de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) y la Fiscalía General del Estado (FGE), 85 personas se han presentado hasta ahora para realizar reconocimiento fotográfico de sus mascotas, muchas de las cuales lograron ser identificadas entre los restos encontrados. Tras la confirmación, los cuerpos fueron entregados a los propietarios para que puedan darles una despedida digna.
La investigación reveló que los responsables de la Casa Xibalbá ya se encuentran vinculados a proceso por su presunta participación en delitos relacionados con el maltrato animal, fraude y violaciones sanitarias. Además, las autoridades descubrieron que el sitio no se limitaba a servicios funerarios, sino que también ofrecía venta de medicamentos, eutanasias, y cajas para entierro, sin contar con autorizaciones sanitarias, personal calificado ni uso de suelo correspondiente.
El caso ha generado indignación social, especialmente entre asociaciones y activistas en defensa de los derechos animales, quienes exigen una regulación más estricta y sanciones ejemplares contra quienes lucran con el dolor de las familias.
Cristina Torres Gómez reiteró que las investigaciones continúan y que se trabaja en conjunto con la Fiscalía para identificar más puntos en los que podrían estarse repitiendo estas prácticas.
También se destacó que los precios que ofrecía este sitio variaban según el peso del animal, cobrando desde mil 500 hasta cinco mil pesos por el supuesto servicio de cremación, sin que existiera evidencia real de que tales procesos se llevaran a cabo conforme a la normativa ambiental o de salud.
Las autoridades estatales han reiterado su compromiso para fortalecer los mecanismos de inspección y control, no sólo en establecimientos físicos, sino también en plataformas digitales, donde proliferan anuncios de supuestos crematorios que podrían operar sin supervisión.
Torres Gómez subrayó que este lamentable hecho debe servir como un llamado a la ciudadanía para verificar siempre la legalidad de los servicios contratados, y exhortó a reportar cualquier irregularidad ante las instancias correspondientes.
Mientras las investigaciones avanzan, se mantiene abierta la recepción de víctimas que aún no han acudido a reconocer a sus animales. Las dependencias involucradas recalcaron que la Fiscalía es la encargada directa de la entrega de los restos, mientras la Procuraduría Ambiental continúa con las diligencias administrativas.
