Investiga FGE 19 concesiones de taxistas para ser revocadas
Bajo proceso de revocación se encuentran 19 concesiones del transporte público de los últimos dos meses en Quintana Roo en su mayoría son de la modalidad de taxi ruletero, confirmó la secretaria de gobierno, Cristina Torres, quien abundó que derivado de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado estas concesiones podrían correr la misma suerte que tuvieron 9 más que fueron canceladas el año pasado y se encuentran en poder del IMOVEQROO para ser reasignadas.
“Traemos 9 concesiones completamente revocada y 19 en procedimiento y recordemos que ahora con la modificación de la lay quien infrinja en una acción grave que infrinja la normatividad ya la revocación de la concesión será prácticamente inmediata” indicó.
La secretaria de gobierno, también detalló, que de los procesos abiertos se están investigando a fondo con la finalidad de sancionar las malas conductas que se están registrando en el servicio de transporte público, y dejó en claro que en caso de ser culpable la persona que tiene a su favor la concesión se realizará la rescisión de la concesión.
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La secretaria, abundó que recientemente los diputados del Congreso de Quintana Roo aprobaron una iniciativa para reformar el código penal y la Ley de Movilidad del Estado para hacer el transporte más seguro y competitivo para todos.
Parte de estas reformas es la creación del Artículo 107 Bis, en el que se establecen medidas más estrictas para castigar los delitos relacionados con el servicio de transporte.
“Recordemos que ahora con la ley el proceso administrativo es más corto, antes el proceso era largo, acortamos ese procedimiento y ahora ante cualquier hecho procede de manera inmediata la revocación si se comprueba evidentemente siempre dando la garantía de audiencia al concesionario”, indicó.
Para garantizar que se castiguen los ataques en contra de servicios de transporte, ya sea público o privado, el Artículo 162 Bis agrega una sanción más severa al delito de daños, con penas de 2 a 6 años de prisión.
Al modificarse el Artículo 182, las sanciones para ataques contra las vías de comunicación y medios de transporte van desde los 6 meses hasta los 4 años de cárcel para los responsables.
