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Quintana Roo aprueba su nueva Ley de expropiación para impulsar el desarrollo Territorial
La H. XVIII Legislatura emite el Decreto 090, estableciendo un nuevo marco legal que define los términos para la expropiación, ocupación temporal y limitaciones al dominio privado, con impacto directo en los Códigos Fiscales estatal y municipal.
Consolidación del Decreto 090
La minuta, que fue objeto de discusión previa, se consolidó en el Decreto 090, un paso legislativo que impacta directamente en la gestión territorial y la planeación urbana del estado caribeño.
- Fecha de Aprobación: La Ley fue aprobada por el Congreso estatal el 14 de enero de 2025.
- Vigencia Oficial: Su publicación en el Periódico Oficial del Estado, el 16 de enero de 2025, marcó su entrada en vigor, dotando al Ejecutivo estatal y a los municipios de nuevas herramientas legales.
- Objetivo Central: La ley establece reglas claras y procedimientos jurídicos para la expropiación (transferencia forzosa de propiedad por utilidad pública y previa indemnización), la ocupación temporal (uso limitado de la propiedad por un periodo) y la limitación de dominio (restricciones al uso y goce de la propiedad, como servidumbres o regulaciones de construcción).
Implicaciones en la Esfera Fiscal
Un elemento crucial del Decreto 090 es su conexión con la legislación tributaria. La nueva Ley de Expropiación no opera de forma aislada, sino que exige la adecuación de los instrumentos de recaudación.
- Reforma al Código Estatal: Se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo. Esto podría incluir ajustes a los mecanismos de valuación de la propiedad afectada o la regulación de impuestos relacionados con el uso temporal de bienes.
- Impacto Municipal: De igual manera, se reformaron y adicionaron disposiciones en el Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo. Esta adecuación asegura que los ayuntamientos (incluyendo el de Benito Juárez/Cancún) puedan aplicar las nuevas directrices de expropiación y ocupación temporal en su jurisdicción, con las correspondientes implicaciones en el cobro de derechos y contribuciones.
La Ley es considerada un instrumento fundamental para el desarrollo acelerado de Quintana Roo, facilitando la ejecución de megaproyectos y obras de infraestructura de interés social y turístico.
