Se acabaron los privilegios, durante el gobierno de Mara Lezama han sancionado a casi 700 servidores públicos

Uno de los objetivos de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, es el combate a la corrupción, la transparencia, la cero impunidad y privilegios para unos cuantos, por eso durante su gestión han suspendido y sancionado a más de 695 servidores públicos, esto de acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia.

La mayoría de los servidores públicos sancionados son elementos de la Policía Municipal de los municipios, sin embargo, también hay personas sancionadas en el ramo de la educación, salud, en la Fiscalía General del Estado, en escuelas públicas de todos los niveles, incluso, en el Poder Judicial y otras secretarías estatales.

En el año del 2023, hubo 574 servidores públicos sancionados, siendo el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo en donde hubo más castigos, con 86, le sigue el municipio de Solidaridad con 62 servidores, luego Othón P. Blanco con 32, Benito Juárez con 27, por mencionar algunos.

De manera general, estos servidores han sido amonestados, dados de baja de manera temporal, han reparado daños y otros simple y sencillamente fueron dados de baja permanentemente, por la gravedad de la acción que realizaron o delito y falta que cometieron.

En este periodo de año, según se menciona el documento de Plataforma Nacional de Transparencia, las causas distintas, por actos de corrupción, abuso de autoridad, falta a una ley, norma o reglamento, en el ejercicio de sus funciones, y la mayoría fueron la omisión de la Declaración Patrimonial Final, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Este último punto es importante, ya que todo servidor tiene la obligación de presentar en tiempo y forma su Declaración Patrimonial, además de que, es una manera de transparentar los bienes, ingresos y egresos de un servidor público ante la ley, que va de la mano con los ejes de la gobernadora, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

2024

Ahora, si hablamos del 2024, de enero hasta marzo, que es donde la Plataforma Nacional de Transparencia tiene registro hasta el momento, han sancionado a 121 servidores públicos, en donde Benito Juárez está a la cabeza con 16 personas sancionadas, de los cuales 13 policías han sido corregidos.

De estos 13 policías 8 fueron sancionados con la reparación del daño, mientras que el resto fueron inhabilitados de sus funciones por hasta tres meses, los elementos son de la Policía Preventiva, Operativa y de la Policía Turística del área Operativo.

Después de Cancún le sigue Solidaridad, mejor conocida como Playa del Carmen, con 10 sancionados; debajo está Felipe Carrillo Puerto con 4, luego la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo con 2; el Poder Legislativo con 2; la Secretaría de la Contraloría del Estado, la Fiscalía General del Estado con 2, por mencionar algunos.

Así como en 2023, la mayoría de los funcionarios fueron castigados por incumplir a la ley, así como en el ejercicio de sus funciones, desempeño de sus acciones y en algunos casos por abuso de autoridad, en el caso de los elementos de las corporaciones policiacas y claro por no presentar la Declaración Patrimonial Final.

Hasta el 25 septiembre del 2022, cuando Mara tomó el cargo de gobernadora, apenas habían poco más de 300 servidores públicos sancionados por faltas a la ley y delitos que cometieron en contra de la ciudadanía, es decir y según los datos oficiales, representa poco más del 52% del total del 2023.

Esto revela que ahora sí se castiga a todo servidor público que no cumple con la ley e infringe la ley y no solo a unos cuantos.

Combate a la corrupción

Recordemos que hace más de tres meses entró en operaciones la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo, para el combate a la corrupción y que permite avanzar en la transparencia y rendición de cuentas para que ya no haya impunidad que ha causado terrible daño a las y los quintanarroenses.

Mara Lezama, presentó a Karina Martínez Jara como titular de esta Unidad y firmó un convenio de colaboración para el desarrollo de objetivos e intercambio de información con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del estado de Tlaxcala y presidente de la Comisión Nacional de Unidades Antilavado, Neri Toshiro León Souza.

“En este gobierno de la transformación profunda tenemos un objetivo muy claro, que es el combate a la corrupción y no me tiembla la mano, vamos a trabajar de manera eficiente, y solo habremos de decir que la misión está concluida cuando exista una verdadera justicia social, cuando el éxito turístico se traduzca en prosperidad compartida y solo lo lograremos trabajando sin descanso 24/7 y todos unidos, porque nadie puede solo” dijo.