Vigilancia electoral incluirá redes sociales

La consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), María Salomé Medina Montaño, aseguró que vigilarán hasta las redes sociales para verificar que no se realicen violaciones a difusión de información institucional durante el proceso local que inició este lunes.

Dejó en claro que la intención de la autoridad local es evitar que se incurra en alguna infracción a la Ley Electoral y que las campañas políticas tengan como base la promoción de programas sociales o logros de las autoridades gubernamentales.

Como se sabe, en Quintana Roo el proceso electoral inició este lunes, por lo cual la propaganda de los entes gubernamentales sólo debe tener carácter institucional y fines informativos.

En ningún caso debe existir propaganda gubernamental que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público, además de la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que le son asignados a los sujetos de derecho.

Por su parte, como ya se mencionó, los candidatos de ninguna manera pueden apoyar sus candidaturas con el ofrecimiento de apoyos sociales oficiales ni difundir como propios los logros de los tres niveles de Gobierno.

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Salomé Medina afirmó que, con el inicio de las campañas proselitistas locales, iniciaron los procesos de supervisión de las actividades proselitistas, que en esta ocasión incluye hasta la revisión de cuentas de redes sociales.

Insistió en que esta medida tiene como objetivo evitar que en alguna campaña política se utilicen los programas sociales como apoyo para la imagen de algún candidato o candidata.

Dejó en claro que, hasta el momento, el IEQROO no cuenta con alguna denuncia relacionada con alguna infracción a las restricciones que en materia de difusión están obligados los entes gubernamentales.

Lo que sí estableció es que la difusión de la propaganda no está prohibida para los temas relacionados con los servicios educativos, de salud y las necesarias para la protección civil en casos de emergencia o de seguridad pública.