Denuncian reforma en Quintana Roo que pone en riesgo derechos de personas con VIH
El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida) emitió un llamado a las instituciones y gobiernos estatales para abordar la reciente reforma al Código Civil de Quintana Roo, la cual establece un requisito médico para contraer matrimonio que podría vulnerar los derechos de las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
En la reforma, publicada el 21 de diciembre en el Periódico Oficial del estado, se exige un “certificado médico por cada pretenso, en el que asegure que no padece enfermedad crónica o incurable que además sea contagiosa y/o hereditaria” como requisito para el matrimonio.
Censida argumenta que esta disposición contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, afectando especialmente a las personas con VIH.
La norma también se opone a la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA-2023, que prohíbe solicitar pruebas de detección del VIH como requisito para diversos servicios, incluido el matrimonio. Censida destaca que esta norma es de observancia general y debe ser respetada por los gobiernos federales, estatales y municipales.
La reforma al Código Civil de Quintana Roo representa una amenaza para los avances en derechos humanos relacionados con el VIH en México. Censida destaca la necesidad urgente de una revisión política y jurídica de esta disposición para evitar retrocesos en la respuesta al VIH y proteger los derechos de las personas con VIH.
Censida recuerda que en México, las personas con VIH tienen acceso a tratamientos efectivos, seguros y gratuitos que garantizan una calidad de vida plena. La prueba de detección del VIH se presenta como una estrategia de prevención a la que la población sexualmente activa puede acceder como parte de su derecho al cuidado de la salud, subrayando que esta prueba es voluntaria y no debe ser coercitiva.
El Centro Nacional insiste en la importancia de construir espacios democráticos y de participación social para garantizar el derecho de todas las personas a servicios integrales relacionados con el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), y aboga por la eliminación del estigma y la discriminación asociada al VIH.
