Alertan por falsos gestores de predios en la franja ejidal de Cancún; piden no entregar dinero ni documentos
El Instituto de Regularización Patrimonial de Benito Juárez pidió a la ciudadanía acudir únicamente a canales oficiales para evitar fraudes relacionados con la regularización de terrenos.
El Instituto de Regularización para el Bienestar Patrimonial de Benito Juárez exhortó a la ciudadanía a no entregar dinero, documentos originales ni información personal a personas que se presentan como gestores para ofrecer trámites de regularización de predios, al señalar que continúan detectándose casos de habitantes que han sido víctimas de engaños, principalmente en la Franja Ejidal.
La directora del instituto, Nora Garza, informó que esta zona del municipio concentra el mayor número de reportes debido a la desinformación que aún existe entre los propietarios de terrenos respecto a los procedimientos oficiales para regularizar su patrimonio.
La funcionaria pidió a la población verificar siempre la identidad de quienes ofrecen realizar gestiones y evitar entregar recursos económicos a personas que no acrediten ser propietarios de la tierra o autoridades competentes.
“Invitamos a que no entreguen ningún tema económico a alguien que no se identifique como propietario de la tierra y que resguarden sus documentos originales. No hay que entregar estos documentos a ninguna persona que no sea una autoridad”, enfatizó.
Garza explicó que, aunque el instituto no lleva un registro de denuncias por fraude, con frecuencia recibe a ciudadanos que manifiestan haber sido engañados por supuestos gestores que les prometieron agilizar sus trámites de regularización.
Indicó que, para contrarrestar esta situación, el instituto ha intensificado las reuniones informativas en las colonias de la Franja Ejidal. Recientemente se realizaron encuentros con vecinos de Pedregal y en los próximos días continuarán en El Milagro, donde personal del instituto explica los procedimientos legales, identifica a las autoridades responsables y resuelve las dudas de la población.
Asimismo, alertó sobre la circulación de información falsa respecto a supuestas visitas de dependencias gubernamentales para atender trámites de regularización.
“Hubo una campaña donde se decía que el instituto ya iba a bajar a determinadas colonias y la realidad es que no todos esos trabajos están coordinados con nosotros. Invitamos a la ciudadanía a no acudir a reuniones que no sean convocadas por la autoridad. Si se trata de reuniones políticas o vecinales, no significa que sean procedimientos oficiales”, señaló.
La directora aclaró que el instituto no cuenta con facultades para proceder legalmente contra quienes se ostentan como gestores, ya que esa actividad por sí misma no constituye un delito; sin embargo, si alguna persona fue víctima de fraude, abuso de confianza o cualquier otro ilícito, debe presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.
“Nosotros como autoridad solo podemos prevenir. Si alguna persona fue víctima de un delito, la invitamos a denunciar. Incluso existen mecanismos para hacerlo de manera anónima”, comentó.
Garza destacó que las acciones preventivas han comenzado a generar resultados positivos, pues cada vez son más los habitantes que solicitan directamente la presencia del instituto, del Ejido y de otras dependencias para recibir información oficial sobre los procesos de regularización.
Explicó que esta cercanía con las comunidades ha permitido reducir la realización de reuniones irregulares promovidas por falsos gestores, así como la entrega de documentación a personas ajenas a las autoridades.
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“Los mismos vecinos nos han pedido que acudamos a esclarecer los procedimientos y eso ha ayudado mucho. La gente ya está más informada, se queda más tranquila y hemos visto que ha disminuido el número de reuniones irregulares y la entrega de documentos a terceros”, afirmó.
Finalmente, la directora reiteró el llamado a la población para acudir únicamente a las oficinas del Instituto de Regularización para el Bienestar Patrimonial o a las jornadas oficiales que realizan las autoridades municipales, con el fin de evitar ser víctimas de fraudes que, además de representar pérdidas económicas, pueden poner en riesgo la certeza jurídica sobre su patrimonio.
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