CAPA busca conciliar con usuarios morosos para evitar procesos legales

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo trabaja en una propuesta de modificación al Código Fiscal del Estado que permita dar mayores facilidades a los usuarios morosos para evitar entren a un proceso jurídico, así lo confirmó Hugo Garza Saenz, director general de la CAPA. Explicó que este proceso requiere de una reforma a la ley y evitar que sus casos escalen rápidamente a procedimientos fiscales que concluyan en embargos.

Explicó que con el objetivo de ofrecer mayores facilidades a los ciudadanos con adeudos en el servicio de agua potable esta iniciativa busca alargar los plazos legales antes de que una deuda se convierta en crédito fiscal.

“Estamos trabajando en un proyecto de ley para distanciar o alargar un poco más el tiempo y que no se vuelva un crédito fiscal, porque una vez que caen en ese supuesto, por los conceptos que marca la ley, ya se vuelve un tema oneroso: un adeudo que era regular puede llegar a costar dos o tres veces más”, explicó.

También te pudiera interesar:

Actualmente, cuando un usuario cae en morosidad, su caso es turnado a la Dirección de Recaudación y Ejecución Fiscal, la cual emite notificaciones para que el ciudadano pueda regularizar su situación. De no recibir respuesta, el procedimiento avanza hacia la clausura del servicio y eventualmente al embargo de bienes.

Garza Saenz destacó que, aunque este año no se han realizado embargos relacionados con adeudos por servicios de agua y alcantarillado, sí se han colocado requerimientos en los domicilios de usuarios morosos, con la finalidad de invitarlos a acercarse a CAPA y buscar una solución a su situación.

En tanto se materializa la reforma al Código Fiscal, la CAPA mantiene activo un programa de actualización de adeudos que incluye importantes descuentos. En muchos casos, se ofrece la condonación del 100 por ciento de multas y recargos, dependiendo del historial del usuario. Con este programa, se han enviado exhortos de pago a los ciudadanos, como un esfuerzo preventivo para evitar sanciones más severas.

“Queremos que el ciudadano tenga más oportunidades para regularizarse antes de que se convierta en un crédito fiscal y, eventualmente, en un problema legal o patrimonial. Este proyecto va encaminado a dar más margen de maniobra a la población sin que eso signifique evadir la responsabilidad del pago. La intención de la propuesta es fomentar una cultura de regularización voluntaria, reduciendo la presión financiera sobre los usuarios y permitiendo a la instancia estatal recuperar recursos sin llegar a medidas extremas como el embargo”, afirmó el titular de la CAPA.