Presenta el Estado litigio contra la empresa Aguakan
En conferencia de prensa del Gobierno del Estado, encabezada por la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, dio a conocer que, en atención a las inquietudes ciudadanas contra la concesionaria del servicio de agua potable, Aguakan, se decidió tomar acciones que permitan garantizar a los quintanarroenses un servicio de calidad.
“El hartazgo social acumulado por muchos años y sustentado en la falta de abastecimiento de agua durante largos periodos de tiempo, el tandeo, la falta de atención a fugas, cobros indebidos, mala administración en el drenaje sanitario, así como el cobro de pipas de agua cuando no suministran el líquido de manera adecuada, entre otras irregularidades, fueron causas de ese rechazo e irritación social”, dijo la funcionaria.
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Recordó que incluso hubo una consulta popular en la cual, la mayoría de las y los ciudadanos se expresaron por terminar con la concesión. “Es por ello que, desde el inicio de la presente administración se atiende la demanda social de que el Estado deba velar por la efectiva y legal implementación de la concesión, así como de su terminación; por lo cual, se han realizado diversas auditorías técnicas, financieras, contables y fiscales, así como a la operación de la concesión, el análisis de muestras de agua, visitas a las plantas de tratamiento de aguas residuales”, indicó Cristina Torres.
La funcionaria señaló que los resultados fueron negativos y se detectaron diversas irregularidades y por ello, la presentación de las denuncias correspondientes. En este sentido, la secretaria sustentó las denuncias presentadas por el Gobierno hasta esta fecha.
La primera, la concesión que fue otorgada en los años 90 fue prorrogada ilícitamente en 2014, hasta el 2053 y ampliada a un municipio adicional (Solidaridad). El segundo punto, el 16 de mayo de 2024, el Gobierno del Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, misma que después de integrar la carpeta de investigación correspondiente, determinó que existían elementos suficientes en contra de directivos.
El tercer punto, el juez federal competente determinó que existen datos de prueba que demuestran el delito de Promoción de Conductas Ilícitas, toda vez que el 5 de diciembre de 2014, directivos de la empresa gestionaron de manera ilícita por 30 años más la prórroga de la concesión a cambio del pago de 1,055 millones de pesos.
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Cuatro, derivado de los hechos anteriores y como es del conocimiento público, UN JUEZ FEDERAL LIBRÓ ÓRDENES DE APREHENSIÓN al encontrar elementos suficientes, POR LOS DELITOS DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y PROMOCIÓN DE CONDUCTAS ILÍCITAS DE SERVIDORES PÚBLICOS EN CONTRA DE DIRECTIVOS DE AGUAKAN.
Explicó que, por lo que respecta a los temas de salud y afectación al medio ambiente, de las y los quintanarroenses, que derivan de la explotación ilícita de la concesión, la Comisión Nacional del Agua, CAPA, así como epidemiólogos del IMSS-Bienestar, la Secretaría de Salud y laboratorios especializados, llevaron a cabo diversos muestreos de agua potable en escuelas, hospitales, iglesias, hogares y plantas de tratamiento de agua residual, operadas por la concesionaria, obteniendo como resultado afectaciones sanitarias y ambientales.
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Añadió que se tuvo un encuentro entre representantes de DHC y representantes del Gobierno del Estado, a petición de la empresa e indicó que las acciones que el Gobierno del Estado ha emprendido en ningún momento han implicado acoso ni acuerdo alguno. “Lo que nos llevó a dicha reunión fue la salvaguarda de parte del Estado de las inversiones de las Afores y de los derechos laborales de las y los trabajadores”, informó.
“Fue la empresa quien ofreció la posibilidad de que el Estado adquiriera a AGUAKAN, a lo que CATEGÓRICAMENTE se les respondió que NO, que la concesión debía terminar”, exclamó.
Aclaró que con la llegada de la Cuarta Transformación nunca se comprometerá el patrimonio del pueblo. “El agua es un derecho humano, no un privilegio y menos un instrumento para el enriquecimiento de unos cuantos”.
