
En Quintana Roo, actualmente 28 niñas, niños y adolescentes son susceptibles de adopción, mientras que otros 26 permanecen en proceso de liberación jurídica, informó Cecilia Isabel Bardales May, Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo.
La funcionaria explicó que actualmente 105 niñas, niños y adolescentes se encuentran bajo acogimiento residencial en los centros de asistencia social dependientes del Sistema DIF estatal, donde reciben atención mientras se determina su situación jurídica y familiar.
Bardales May señaló que el proceso de adopción en Quintana Roo es atendido directamente por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al ser la autoridad encargada de llevar este procedimiento, conforme a lo establecido en la Ley de Adopción del Estado de Quintana Roo.
Detalló que pueden solicitar una adopción personas mayores de edad, ya sean casadas, en concubinato o solteras, siempre que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos y cumplan con los requisitos establecidos. Entre estos se encuentra tener una diferencia mínima de 15 años respecto de la niña, niño o adolescente que se pretende adoptar, contar con medios suficientes para su sustento y educación y obtener el certificado de idoneidad.
A ello se suman estudios médicos, antecedentes no penales, documentación administrativa, evaluaciones multidisciplinarias y la participación en un curso de inducción al proceso de adopción, impartido a través del Sistema DIF y la Procuraduría de Protección.
La procuradora precisó que dicho curso tiene una duración de seis horas y busca brindar a las personas interesadas herramientas de sensibilización sobre el compromiso que representa integrar de manera definitiva a una niña, niño o adolescente a una familia.
Asimismo, indicó que existe un protocolo para la evaluación y determinación de la idoneidad, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de mayo de 2025, en el que se establecen los documentos y valoraciones que deben presentar las personas solicitantes.
Entre la documentación requerida se encuentra el acta certificada de nacimiento, comprobante de domicilio, identificación oficial, constancia laboral y de ingresos, certificado médico, estudios de laboratorio, exámenes toxicológicos, constancia de antecedentes no penales y constancia de no deudor alimentario, además de cartas de recomendación y fotografías familiares y del domicilio.
Bardales May destacó que cada uno de estos elementos tiene como finalidad que las niñas, niños y adolescentes puedan integrarse a un entorno estable, seguro y amoroso, privilegiando en todo momento su interés superior.
En cuanto a la demanda de personas interesadas en adoptar, la Procuradora de Protección informó que, en lo que va de la actual administración, se han registrado 148 solicitudes de adopción en la entidad.
No obstante, aclaró que no todas las solicitudes llegan a concluir, debido a que algunas personas no completan los perfiles documentales o las valoraciones obligatorias que forman parte del procedimiento.
Ante esta situación, explicó que el área correspondiente mantiene de manera permanente el curso de inducción a la adopción, con el propósito de que las familias conozcan las diferentes etapas y comprendan las responsabilidades que implica el acogimiento definitivo de una niña, niño o adolescente.
Dentro del grupo de 28 menores susceptibles de adopción se encuentran también grupos de hermanos y niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad o condición particular, entre ellos casos de síndrome de Down, parálisis cerebral infantil y TDAH.
La funcionaria señaló que, antes de que una niña, niño o adolescente pueda ser integrado a una familia mediante adopción, debe concluirse previamente el proceso de liberación jurídica correspondiente. Por ello, actualmente existen 26 menores que continúan en esta etapa, previo a que puedan ser considerados susceptibles de adopción.
BUSCAN AGILIZAR LOS PROCESOS
Respecto al tiempo que puede tomar un procedimiento de adopción, la procuradora explicó que la duración depende, en buena medida, de la rapidez con la que las personas interesadas atiendan y solventen las diferentes etapas administrativas.
Estas incluyen la integración del expediente, la capacitación obligatoria y las evaluaciones realizadas por las áreas especializadas.
En la etapa judicial, Bardales May destacó que Quintana Roo cuenta con un juzgado especializado en adopciones, mecanismo que, de acuerdo con la Procuraduría, ha permitido agilizar los procedimientos y desahogar las audiencias con mayor celeridad.
Explicó que, mediante este esquema, las sentencias firmes pueden dictarse en una sola audiencia, con el objetivo de reducir los tiempos de espera y garantizar que las niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente su derecho a vivir en familia.
La procuradora también precisó que los procedimientos se realizan directamente ante la Procuraduría de Protección Estatal, con sede en Chetumal.
En el caso de personas extranjeras interesadas en adoptar, explicó que pueden iniciar el procedimiento siempre que acrediten su residencia en territorio nacional. El hecho de que una persona viaje temporalmente fuera del país no representa por sí mismo un impedimento, siempre que cumpla con los requisitos establecidos y mantenga la residencia requerida.
SEGUIMIENTO DESPUÉS DE LA ADOPCIÓN
Bardales May agregó que, una vez concretada una adopción, existe seguimiento por parte de las autoridades correspondientes; sin embargo, durante la entrevista no se proporcionó una cifra actualizada sobre el número de casos que actualmente cuentan con este acompañamiento.
La Procuradora de Protección reiteró que el objetivo de las acciones implementadas es salvaguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y procurar que cada procedimiento se desarrolle bajo condiciones de seguridad, transparencia y protección de sus derechos.
De esta manera, el proceso de adopción en Quintana Roo contempla diferentes filtros y evaluaciones antes de concretar la integración de un menor a una familia, mientras las autoridades trabajan en la liberación jurídica de quienes todavía permanecen bajo resguardo institucional.
El reto, explicó la funcionaria, es que estos procedimientos permitan garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en un entorno familiar adecuado, sin dejar de lado las medidas necesarias para proteger su bienestar y seguridad durante cada una de las etapas del proceso.



